En 2024 los pedidos por esta vía crecieron el 91 % frente al 2023 y solo el 4,6 % de los envíos fueron de migrantes. Sectores pedirán que se vuelva a regular.
El régimen 4×4, diseñado inicialmente para facilitar la importación de bienes personales, se ha transformado en una vía que afecta profundamente a la economía ecuatoriana pues muchos importadores la usan para fines comerciales, aseguran representantes y voceros de los sectores textil y de calzado nacional que piden al Gobierno una revisión para frenar estas distorsiones.
Este sistema, creado en el 2012, permite la entrada al país de paquetes de hasta 4 kg y $ 400 sin pagar impuestos, pero según Carolina Albán, vocera de la red de iniciativas de empresarios Ecuatorianos Primero, Siempre, estas importaciones han causado una caída del 9,4 % en las ventas internas del sector durante el 2024.
La iniciativa que representa Albán reúne a empresarios de Pichincha, Tungurahua, Guayas e Imbabura.
Cita cifras del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) que reflejan que el año pasado se procesaron más de 6,5 millones de pedidos bajo el régimen 4×4, con un valor FOB de $ 503 millones, un crecimiento del 91 % en número de paquetes en comparación con 2023. Esto equivale a un promedio mensual de 570.000 paquetes y $ 42 millones en FOB, cifras que reflejan un uso masivo y recurrente que excede las compras personales, agrega.
“Según las cifras que maneja el Senae, en el Top 100 de importaciones de personas naturales bajo este régimen se concentran 98.281 paquetes, con un valor FOB de $ 9,15 millones, es decir, un promedio de 8.190 paquetes al mes entre 100 importadores”, analizó.
La directora ejecutiva de la Corporación Mucho Mejor Ecuador, Mónica Malo, asegura que la competencia desleal que se ha intensificado en el país impacta negativamente a grandes y pequeños productores e importadores formales. La demanda de productos nacionales disminuye considerablemente porque los consumidores compran en plataformas de comercio electrónico que ingresan al país sin pagar impuestos: “Estos productos, además, se comercializan en mercados informales, lo que dificulta confirmar su origen y calidad. Esta situación desincentiva la producción formal, especialmente a los pequeños productores cuyos costos de producción, en muchos casos, superan sus ingresos anuales, llevándolos al cierre definitivo de sus empresas y negocios”.
Añade que siete de cada diez empresas se ven afectadas por el ingreso de productos de manera ilícita al país y cuatro de cada diez productos son informales o proceden del comercio desleal, según cifras de la Cámara de Industrias y Producción.
Asegura que los productos ingresados por migrantes representan solo el 4,6 % del total y el 95,4 % a compras realizadas bajo el modelo 4×4 por ciudadanos no migrantes. “La mensajería courier, diseñada inicialmente para facilitar el envío de productos y regalos por parte de compatriotas en el exterior, ahora maneja millones de paquetes que afectan de manera significativa a la economía nacional. Esto impacta directamente al PIB en el país y genera pérdidas, al Estado, a las empresas y a los ciudadanos”, advierte.
Según información compartida por la red de iniciativas de empresarios Ecuatorianos Primero, Siempre, en los últimos cuatro años el Estado ha dejado de percibir $ 534 millones en aranceles por importaciones bajo el régimen 4×4.
Albán asegura que Perú y Colombia han implementado límites más estrictos para regímenes similares al 4×4. En estos países, el límite por paquete es de $ 200, la mitad de lo permitido en Ecuador, lo que según la vocera reduce el impacto en sus economías locales y evita el contrabando disfrazado de importaciones personales.
De acuerdo con Malo, es necesario normar el régimen 4×4, incluyendo la reimplementación de la tasa de $ 42, eliminada en 2021. Esta tasa fue establecida en el 2014 debido al incremento significativo de las importaciones y el desvío de mercaderías para fines comerciales. Además, se limitó a $ 1.200 o cinco envíos anuales por destinatario.
El 28 de abril del 2022, ante los reclamos del sector formal, se fijó un máximo de $ 1.600 de valor FOB, para cada año fiscal en la categoría B (4×4), pero el 1 de septiembre de 2023 se eliminó ese límite, dejando el régimen completamente abierto.
Albán asegura que la iniciativa se enfoca en promover soluciones que no solo incluyan la regulación del régimen para evitar abusos, sino también en fortalecer a los productores locales: fomentar su competitividad, mejorar procesos productivos y generar espacios para promocionar la calidad de sus productos. “Nuestro objetivo no es eliminar el régimen 4×4, sino asegurar que cumpla su propósito original sin perjudicar a quienes trabajan de manera honesta y generan empleo”.
Con este contexto, la iniciativa proyecta presentar al Gobierno una propuesta que refleje no solo las cifras que evidencian los abusos, sino también soluciones que beneficien al comercio local y a los consumidores.
Este pedido incluirá:
- Establecer límites claros para el uso personal: Esto garantizará que las plataformas puedan seguir operando de manera justa y responsable.
- Evitar el contrabando: Implementar controles efectivos para que el régimen 4×4 no sea utilizado como una herramienta para operaciones comerciales encubiertas y contrabando.
- Proteger a los consumidores: Garantizar que los productos importados cumplan con estándares de calidad y no perjudiquen al comercio local.
El pedido será presentado a entidades como el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través del Comité de Comercio Exterior (Comex), y el Senae en los próximos meses, “mientras fortalecemos la red y sumamos más voces al diálogo”, señala.
Malo comparte que las soluciones deben venir de los organismos de control del Gobierno y sugiere algunas medidas que pueden implementarse mediante decretos, como el cobro del IVA a todos los productos adquiridos a través de plataformas digitales.
Otra acción relevante que anota es fomentar la revisión de facturas por parte de los consumidores para garantizar que los productos adquiridos ingresen legalmente al país. Y campañas para sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de realizar compras responsables. “Adquirir productos de procedencia incierta o utilizar masivamente al comercio en línea sin regulación afecta la economía nacional, disminuye el empleo formal y, en ocasiones, pone en riesgo la salud del consumidor”, asegura. (I)
